Lejos de condenar este hecho gravísimo y de iniciar un sumario contra el violento intendente, el Gobierno provincial actuó con total impunidad: removió de su cargo al Dr. Ledezma y lo trasladó como médico al Hospital de Las Lomitas. Una decisión que no solo significa un castigo institucional a quien se animó a defender la salud pública de la intromisión política, sino que también envía un mensaje amedrentador a todo profesional con vocación de servicio genuina, que se resistan a connvertirse en punteros.