Como asesora legal de una institución educativa, remarcó que estas situaciones “no son una broma”, sino delitos contemplados en el Código Penal.
La letrada explicó que los menores pueden enfrentar consecuencias judiciales, mientras que los padres podrían responder civilmente por daños ocasionados.
Además, destacó la necesidad de un trabajo conjunto entre familias, escuelas y el Estado para prevenir estos hechos.