El costo estimado de cada procedimiento policial escala a los 4 millones y buscarán que dicho monto "a cada tutor de los menores identificados".
La medida adoptada en Chaco no es un caso aislado. En la provincia de Santa Fe, el gobierno y la justicia ya han avanzado en una dirección idéntica. Allí, las autoridades confirmaron que ya identificaron a decenas de responsables y han iniciado demandas civiles para que los padres afronten multas que, en algunos casos, superan los 6 millones de pesos.
"Es el costo exacto que tuvo para los santafesinos cada intervención. Si no se lo cobramos a quien lo causó, lo terminan pagando todos los contribuyentes", sostuvo Pablo Cococcioni, ministro de Seguridad santafesino, al revelar la cifra por la que el gobierno de Santa Fe intimó a los padres del autor de una amenaza escolar.
Chaco busca replicar este modelo para frenar una tendencia que, según especialistas, comenzó como un reto viral pero ha escalado hasta saturar los recursos de seguridad pública y afectar el derecho a la educación de miles de alumnos.