En Argentina, durante la última dictadura militar, pesaba sobre los Testigos una prohibición a sus actividades que resultaba en encarcelamiento a objetores de conciencia al servicio militar o la expulsión de las escuelas a hijos de miembros de esta religión. Pero el 10 de octubre de 1978, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resolvió que el gobierno había vulnerado los derechos humanos de los testigos de Jehová y recomendó que se levantara la proscripción. El 12 de diciembre de 1980, el gobierno militar de facto aceptó la recomendación y suspendió la proscripción. Finalmente, el 9 de marzo de 1984 se dio reconocimiento legal a la Asociación de los Testigos de Jehová.